Sra./Sr. Diputada/o,

El pasado día 10 de septiembre leí con asombro y preocupación la publicación en la página web de la Dirección General de Tráfico del artículo titulado «El peligro de adelantar superando el límite de velocidad en 20 km/h» accesible a través de este enlace.

A la vista del contenido del citado artículo creo necesario realizar determinadas puntualizaciones sobre algunas ideas y razonamientos que transmite.

  1. Como cuestión previa, es importante tener presente que la seguridad vial, lejos de ser una disciplina, es un estado de seguridad del transporte por carretera que se alcanza gracias a las contribuciones de especialistas provenientes de muy diversos campos del conocimiento. De esta forma, a la seguridad vial solo se llega gracias a las aportaciones de -entre otros muchos- psicólogos, médicos, ingenieros, juristas, periodistas, pedagogos, profesionales de las FCSE, profesionales de servicios de bomberos y emergencias, maestros y educadores, profesores de autoescuelas, etcétera. Un gran número de estos especialistas y profesionales que con nuestro trabajo y conocimiento contribuímos a un desarrollo de la seguridad vial basado en el rigor técnico, discrepamos de la idea que se quiere transmitir a los ciudadanos con el titular del artículo, considerando que la norma que desde la Dirección General de Tráfico se desea suprimir contribuye sustancialmente a reducir el riesgo de las maniobras de adelantamiento a los vehículos que circulan más lentos.
  2. No debemos permanecer como «espectadores» ante una siniestralidad de nivel inaceptable en nuestras carreteras convencionales. La misión de la Dirección General de Tráfico debería ser más amplia que la mera observación de cómo se producen estos accidentes (salidas de la vía, colisiones frontales,...), siendo necesario que entre en el análisis de sus detalles técnicos y, sobre todo, en la indagación del por qué se producen, algo que no queda cubierto por los atestados policiales orientados a la búsqueda de responsabilidades. Esta sugerencia solo supone acercarse al modelo genérico de seguridad utilizado en cualquier actividad realizada por el ser humano. La situación real ante la que nos encontramos es que la Dirección General de Tráfico desconoce -porque no existe la información- cuántos accidentes de tráfico son atribuibles al hecho de haberse sobrepasado el límite de velocidad en 20 km/h en un adelantamiento.
  3. El gran secreto para que un modo de transporte no produzca víctimas es reducir drásticamente el número de accidentes. Un modelo de transporte que base su seguridad en imponer una lentitud tal que cualquier incidente minimice el riesgo de generar víctimas, transmite inseguridad, genera miedo y merma la confianza en el criterio técnico. No es razonable que el ciudadano que se siente seguro en un avión a 900 km/h, en un tren a 300 km/h o subiendo en un ascensor a 100 pisos de altura, deba introducirse en un coche pensando que la base de su seguridad está en la posibilidad de sobrevivir a un accidente.
  4. Al contrario de lo que se afirma, el adelantamiento no es una causa de accidentes y, desde la Dirección General de Tráfico, definitivamente se debería trabajar para evitar equívocos con los conceptos de causa, responsabilidad o factor. Si se produce un accidente en una maniobra de adelantamiento, la averiguación de la causa pasará -desde el punto de vista conceptual- por algo tan sencillo como aclarar qué motivó la incorrección técnica de la maniobra. Una señal mal colocada, sucia o cubierta por la vegetación, un tramo de carretera en el que no debería estar permitida la maniobra, un déficit de formación en el conductor,... todas ellas son circunstancias que deberían ser valoradas y que, en el caso de que alguna se hubiera producido, exigiría saber por qué se produjo. Éste, y no otro, es el proceso correcto para conocer las causas de los accidentes. En resumen, no es el adelantamiento el problema. Sí que lo es su posible incorrecta ejecución, algo que podría encontrar su origen en las actuaciones de la Administración.
  5. Está lejos de las intenciones de cualquier ciudadano sufrir voluntariamente un accidente, siempre a excepción de quienes conscientemente deciden actuar de forma imprudente o temeraria. Por ello, nadie desea circular a velocidades superiores a las que técnicamente (no administrativamente) soporte una vía de circulación y, si eso ocurre, de nuevo deberíamos preguntarnos por qué ocurre.
  6. Cuando se nos invita -literalmente- a cuestionarnos «cuál es la necesidad real de superar en 20 km/h el límite genérico de 90 para adelantar “con seguridad” a un vehículo que ya circula en el mismo límite», la respuesta es tan obvia como decir que esa necesidad no existe porque lo que se desea es adelantar -siempre con la menor exposición posible al riesgo- solo a los vehículos que van a menos de 90 km/h, léase los que van a 85, 80, 75, 70, ... 
  7. No se transmite la realidad del problema al decir que «al superar la velocidad en 20 km/h, ciertamente se tarda algún segundo menos en realizar la maniobra de adelantamiento», Estamos hablando de que la acción que promueve la Dirección General de Tráfico supone triplicar -incluso cuadruplicar- tiempos de adelantamiento y no se debería frivolizar con este incremento de riesgo.
  8. Un conductor bien formado, en un sistema de tráfico creíble, no va a sufrir impulsos irrefrenables como el de querer correr más. Sería precisamente una buena línea de trabajo para la Dirección General de Tráfico la de rodear sus actuaciones con una sólida base técnica que le confiera una credibilidad perdida por decisiones como la de hacer excepciones al uso del casco en las motocicletas o al uso de los sistemas de retención infantil en determinados vehículos y condiciones. Invitamos a la Dirección General de Tráfico a que, por ejemplo, reflexione sobre el porqué de la credibilidad de la señalización en las autopistas alemanas donde no existen esos irrefrenables impulsos para correr cuando las circunstancias no lo permiten.
  9. Un adelantamiento sin margen de 20 km/h en la velocidad límite (margen que hoy día solo es facultativo utilizar) es el que puede crear una obsesión por mirar el velocímetro, alimentada por el miedo a una posible multa. Esa esperable demanda de fuerte atención al velocímetro -en un escenario de tiempos de exposición al riesgo que podrían triplicar o cuadruplicar los actuales- sí que sería auténtica generadora de riesgo.
  10. El margen de 20 km/h no alimenta la posibilidad de adelantar en zonas menos seguras. El problema real es la mera existencia de esas zonas menos seguras donde está permitida la maniobra de adelantamiento. Es obligación de la Dirección General de Tráfico activar los mecanismos que lleven a su supresión.
  11. La norma que se desea suprimir es una norma bien conocida y valorada por los conductores. Quizás España debería explicarla en las instituciones europeas a los efectos de animar a que otros países la implementen en su sistema normativo.
  12. El transporte vertebra los territorios y desarrolla las economías. Nuestro país debería emprender una reestructuración de su sistema de tráfico, a medio-largo plazo, orientándolo a la constante reducción del número de accidentes y buscando la máxima rapidez unida a la máxima seguridad, tal y como contempla la tan citada “Vision Zero”, que -aunque no se suele explicar- reconoce la posibilidad de incrementar la velocidad en favor de una mayor movilidad cuando la seguridad lo permite.
  13. Es importante recordar que no existe una relación biunívoca entre velocidad y accidentes. Todos los estudios que relacionan estas dos variables matizan que se refieren a un escenario de “subir la velocidad y no hacer nada más”.
  14. Lo más importante del artículo que publica la Dirección General de Tráfico está en su parte final. Ahí se dice que en los adelantamientos hay riesgo porque «muchas señales no son visibles, legibles, inteligibles o creíbles». También se dice que «existen numerosos tramos de vías que tienen una señalización vertical-horizontal que permite adelantar cuando es un riesgo hacerlo; a su vez, hay zonas en las que se podría adelantar con seguridad y sin embargo está prohibido». Y, finalmente, se dice: «Esto es grave porque las señales pierden valor para los conductores y ello es la antesala del incumplimiento de las normas que regulan el tráfico». En este pasaje, sí que se refleja el auténtico mal endémico de nuestro sistema de tráfico: el constante deterioro de su credibilidad. Por ello, sería urgente diseñar un nuevo órgano técnico, transversal e independiente que, dotado del máximo rigor en sus actuaciones, implemente en España un sistema de tráfico creíble y seguro que, con total certeza, contribuirá a reducir el número de accidentes y, por ende, de sus víctimas.

Cuando les transmito estas reflexiones lo hago a título personal, intentando plasmar un aprendizaje adquirido durante los más de veinticinco años que llevo -siempre como profesor de la Universidad de Zaragoza- coordinando proyectos y contratos de I+D+i relacionados con la seguridad vial a nivel autonómico, nacional y europeo, así como coordinando la investigación técnica de cientos de accidentes de tráfico con víctimas.

Muchas gracias por su atención.

firma juanjo

Juan José Alba
Dr. Ingeniero Industrial
Profesor de la Universidad.de Zaragoza